…e il ministero rispose!

Non si tratta, in effetti, che d’una formalità burocratica, d’un atto che, in base alla legge vigente, dovrebbe essere garantito, pressoché all’istante, a qualsivoglia cittadino (o gruppo di cittadini). Insomma, di quello che, in altre latitudini, viene di norma definito un “diritto”. Eppure questo diritto, a Cuba, non era mai stato riconosciuto in precedenza. E difficile è, a questo punto, capire se si tratta dell’inizio di una svolta, o soltanto di un’eccezione destinata a svanire senza lasciar tracce.

La storia, in breve. Più di due anni fa un gruppo indipendente denominato Asociación Juridica Cubana (AJC) – il cui obiettivo è quello di garantire ai cittadini cubani un’assistenza legale non dipendente dal governo – aveva presentato al Ministero della Giustizia (MINJUS) una richiesta di legalizzazione di se medesima. O, più precisamente, aveva chiesto che il Ministero adempisse la burocratica funzione di verificare che nessun’altra associazione non governativa regolarmente registrata avesse il medesimo nome. Il tutto, allo scopo di precedere, poi, lungo l’iter della legalizzazione vera e propria. Non essendo le ONG cubane un numero stratosferico – per contarle bastano, in effetti, le dita delle due mani – il compito del MINJUS appare alla portata anche della più inefficiente e lenta delle burocrazie. Eppure, fino a ieri, impossibile per chiunque era stato, nella Repubblica Surrealista di Cuba (dove notoriamente l’unico vero prerequisito di ogni organizzazione non governativa, o ONG, è quella di essere stata creata del governo) ottenere uno straccio di risposta. Nessuna richiesta presentata da gruppi indipendenti era, prima di quella della AJC, riuscita a superare neppure questo primo, fiscalissimo scoglio. O, se si preferisce, questa prima, impenetrabile barriera di silenzio. Semplicemente: loro chiedevano, nessuno rispondeva.

Questa volta, trascorsi due anni, le cose sono andate diversamente. La AJC, tenendo fede al proprio nome, non ha trascurato alcuna via legale. Ed ha infine ottenuto dalla Corte Suprema una sentenza che riconosceva il suo diritto d’ottenere una risposta dal Ministero della Giustizia. E la risposta è infine arrivata, attestando – con tanto di timbro ministeriale – che non esiste al momento alcuna ONG chiamata Asociación Juridica Cubana. Insomma: la AJC ancora non è riconosciuta dal governo, ma ha ora, almeno, la possibilità di chiedere al governo di essere registrata come Organizzazione Non Governativa. O forse – come sostengono i più scettici – soltanto quella di vedere la sua richiesta di registrazione respinta dal governo. Il che è comunque, a Cuba, un passo avanti rispetto al passato.

Ce ne saranno ulteriori, di passi avanti? Forse tra altri due anni arriverà la risposta…

Sociedad

Abogados independientes consiguen una respuesta sin precedentes del Ministerio de Justicia

El organismo les entregó un certificado que pedían desde hace varios años y que es indispensable para solicitar ser inscritos como asociación legal.

Abogados que desde hace varios años intentan inscribir legalmente una asociación independiente para brindar asesoría a los ciudadanos, consiguieron una respuesta sin precedentes del Ministerio de Justicia (Minjus) de la Isla.

Wilfredo Vallín, presidente de la Asociación Jurídica Cubana (AJC), sin vínculos con el Gobierno, informó en una nota que, tras insistir durante más de dos años e incluso llegar hasta el Tribunal Supremo de la Isla en una querella contra el Minjus, el Registro de Asociaciones de ese organismo oficial les entregó el certificado que solicitaban.

El documento, que debía indicar si existe en el país otra asociación con el mismo nombre o con los mismos objetivos, es un requisito necesario para la inscripción legal de la entidad independiente.

El certificado remitido por el Minjus a la AJC indica que “no aparece inscrita asociación alguna” con el mismo nombre.

Además, que existe la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la cual tiene entre sus objetivos contribuir “al desarrollo de la conciencia y la educación jurídica del pueblo en el espíritu de respeto a las leyes y las normas de convivencia social”.

También, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, cuyo fin es “prestar servicios legales a las personas naturales” y “asesorar y responder a las consultas que le son solicitadas de forma gratuita”.

Tanto la Unión de Juristas como la Organización Nacional de Bufetes Colectivos están controladas por el Gobierno.

“Debemos decir que estamos muy complacidos con esa respuesta del Ministerio de Justicia”, declaró Vallín en su nota, publicada en el sitio en internet de la AJC.

“Al igual que el Tribunal Supremo Popular reconoció nuestro derecho a asociarnos, ahora ese Ministerio reconoce que no hay otra organización de abogados con ese nombre en nuestro país”, agregó.

Asimismo, “al referirse a las actividades que desarrollan la Unión de Juristas de Cuba y la Organización de Bufetes Colectivos y dárnosla por escrito, sin mencionar las actividades que nosotros desarrollamos y que son de perfecto conocimiento de las autoridades, nos brinda la oportunidad de demostrar, en el momento correspondiente, que no existe duplicidad de propósito alguna entre la AJC y esas dependencias estatales”, afirmó.

Los objetivos de la AJC, según se declara en su página web son “coadyuvar a la educación jurídica de toda la población”, dar a conocer a los cubanos “los Pactos firmados por el gobierno en nombre del pueblo de Cuba”, y brindar “ayuda o asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos que así lo requieran o necesiten”.

La respuesta de un organismo del Gobierno a una entidad fuera del control oficial es del todo inusual.

En enero pasado, Vallín dijo a DIARIO DE CUBA que la AJC no busca “crear conflicto, sino que los derechos del ciudadano sean respetados”.

Añadió que la Asociación no ha tenido problemas en la “atención de casos puntuales” y quienes han pedido su ayuda “no han sido molestados”.

“Donde sí hemos tenido problemas es en los cursos que hemos preparado para la sociedad civil” sobre las leyes vigentes en la Isla. “En ocasiones, hemos empezado a dar un seminario y, a los pocos días, las autoridades, la policía política, lo interrumpen sin dar jamás razones legales, sólo dicen que cumplen órdenes”, señaló entonces el abogado.

En la nota publicada en la página de la AJC, Vallín dijo que no se le escapa “que para aquellos acostumbrados a hacer de la ley letra muerta y a campear ‘por su respeto’ la posibilidad de la existencia de una ONG de abogados independientes que reclame la aplicación pareja de la ley a todos en igualdad ante ella, no es una buena noticia”.

“No puede serlo tampoco para otros que, ignorando los sufrimientos y penurias de nuestro pueblo hacen de su profesión y posición de letrados, pedestal para obtener beneficios personales, fuera de su salario, ayudando a los que pueden pagar y dejando a la inmensa mayoría de los necesitados de dirección letrada en la indefensión más absoluta”, añadió.